Dos años después del 25 de julio de 2024, el expediente político más delicado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber entrado en una nueva etapa. Ya no gira alrededor de cómo llegó Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, ni de las fotografías difundidas por el FBI, ni del debate sobre la soberanía nacional. El punto de inflexión es otro: la exoneración de Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza por parte de la Fiscalía General de la República.
Y esa decisión abre interrogantes que se sobreponen a todas las anteriores.
Si la FGR concluyó que no existen responsabilidades penales, si el gobierno federal sostiene que nunca hubo elementos para proceder contra el gobernador de Sinaloa y si todo obedeció, según su tesis, a una campaña de desprestigio, entonces la lógica conduce inevitablemente a una sola conclusión: Rubén Rocha Moya debería regresar a la gubernatura.
No hacerlo sería admitir que, aun declarado inocente, continúa siendo un problema político.
Porque la exoneración de la FGR no sólo limpia el nombre de Rocha. También contradice, en los hechos, la investigación y las acusaciones construidas por las autoridades estadounidenses. Es un mensaje que va mucho más allá del ámbito jurídico. México está diciendo que no encontró pruebas; Estados Unidos sostiene exactamente lo contrario. Ya no existen dos investigaciones paralelas. Existen dos verdades oficiales completamente incompatibles. Y existe entonces un conflicto mayor.
Pero lo más peligroso ahora para el oficialismo, es que hasta hoy Washington no ha dicho nada. Es un silencio que muchos pudieran interpretar como pasividad, pero los tiempos de los gringos, y sus acciones, son de giros inesperados. Ellos tienen sus intereses y, en función de eso, su calendario. Lo cierto es que en algunos casos le bajan de intensidad al verbo mediático, litigan en la sombra y de pronto sorprenden con golpes directos.
Por eso Estados Unidos no ocupa polemizar con la FGR. Su expediente contra Rocha sigue abierto y, hasta donde se conoce públicamente, tampoco ha retirado una sola de las acusaciones que dieron origen al conflicto. Washington sabe que el caso nunca ha pertenecido a la FGR, pertenece al régimen. Ese régimen que declaró inocente al aún gobernador con licencia y que, en esa lógica, debería reinstalarlo. ¿O tiene algún sentido jurídico mantenerlo con licencia? ¿Para qué prolongar una ausencia que sólo alimenta dudas? ¿Para qué sostener una ficción administrativa si ya no existe, según la propia Fiscalía, ningún impedimento legal para que retome el cargo?
La decisión parece sencilla desde el discurso oficial, pero políticamente resulta explosiva.
Reinstalarlo equivaldría a enviar un mensaje de desafío hacia Estados Unidos, precisamente cuando la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados por los temas de seguridad, narcotráfico y cooperación judicial. Pero también significaría desafiar algo igual de importante: la percepción de una sociedad profundamente agraviada. Una resolución ministerial puede cerrar un expediente. Lo que no puede cerrar es la memoria colectiva.
El gobierno puede declarar inocente a Rocha.
Lo que no puede decretar es que los ciudadanos crean automáticamente en esa inocencia.
Y justo ahí aparece otro problema aún mayor.
Al absolver a Rocha, la FGR también terminó absolviendo políticamente al propio régimen. Si para la Fiscalía Rubén Rocha no tiene ligas con el crimen organizado y si nunca incurrió en omisiones institucionales, complicidades, encubrimientos ni responsabilidades políticas, entonces la exoneración dejó de ser individual para convertirse en una absolución del sistema completo.
Quizá por eso la decisión de reinstalarlo adquiere una dimensión simbólica enorme. Sería la prueba definitiva de que el gobierno realmente cree en la versión que ha defendido durante dos años.
Pero también significaría apostar a que el costo electoral ya no importa, o que aún conserva una base social suficientemente sólida para resistir cualquier desgaste. Sería jugarse buena parte de la credibilidad del régimen sobre una sola carta.
Y, sin embargo, la pregunta sigue sin responderse. ¿Regresar para qué? ¿Para gobernar unos cuantos meses? ¿Para reivindicar su nombre? ¿Para demostrar que nunca cedieron ante las presiones de Washington? ¿O simplemente para enviar el mensaje de que el poder sigue imponiendo su propia verdad?
La verdadera prueba de la exoneración no está en el comunicado emitido por la Fiscalía General de la República. La verdadera prueba será la decisión política que tome el régimen en los próximos días.
Porque si Rubén Rocha Moya es completamente inocente, no existe razón alguna para impedir su regreso a la gubernatura. Pero si aun después de exonerarlo no se atreven a reinstalarlo, entonces ellos mismos estarán confesando que una cosa es la inocencia jurídica y otra muy distinta la viabilidad política y de seguridad personal.
En el caso Rocha solo se logró una formalidad interna a través de la FGR, pero falta ahora el paso fundamental: la reacción de Estados Unidos.
En realidad la verdadera sentencia aún no se consuma: O el régimen decide reinstalar a Rocha con todas sus consecuencias o decide seguir escondiéndolo. Ese es su dilema.
