Combatir la infiltración del crimen organizado en la política no admite discusión. Ningún ciudadano sensato podría oponerse a que quienes aspiren a gobernar lleguen con un historial limpio y sin vínculos con organizaciones delictivas. El problema no es ese. El problema comienza cuando, bajo esa legítima bandera, se diluyen los límites entre la seguridad pública y la competencia electoral.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, nunció que, antes incluso de que intervenga el Instituto Nacional Electoral, solicitará al Gabinete de Seguridad la revisión de los perfiles de quienes aspiren a una candidatura. El propósito, aseguran, es impedir que personas con antecedentes criminales, vínculos con el crimen organizado o señalamientos por violencia lleguen a las boletas.
La intención puede parecer buena. Pero la pregunta, sin embargo, es mucho más de fondo:
¿Corresponde al Gabinete de Seguridad participar, aunque sea de manera consultiva, en la selección de candidatos de un partido político?
Porque una cosa es que Morena, como cualquier partido, establezca filtros internos para elegir a sus aspirantes. Eso forma parte de su vida partidista. Otra muy distinta es someter sus decisiones internas al aparato de seguridad del Estado, sobre todo porque se trata de un proceso eminentemente político-electoral.
El Gabinete de Seguridad no pertenece a Morena.
Pertenece al Estado mexicano.
Y esa diferencia lo dice todo.
Su responsabilidad constitucional consiste en prevenir y perseguir delitos, proteger la seguridad nacional y coordinar a las instituciones encargadas de la procuración de justicia. No fue creado para intervenir en procesos electorales ni para emitir opiniones sobre quién reúne méritos políticos para competir por un cargo de elección popular. Y eso, por sí mismo, transgrede el derecho constitucional de militantes y aspirantes.
En una democracia, los derechos políticos no dependen de apreciaciones administrativas, sino de la Constitución y de las leyes. Si un ciudadano carece de sus derechos político-electorales, debe existir una resolución fundada en un procedimiento legal. No basta una sospecha, un reporte de inteligencia o un señalamiento sin sustento judicial.
Y aquí se observa otro riesgo.
Una carpeta de inteligencia no equivale a una carpeta judicial. Una denuncia no constituye una sentencia. Y un informe policial no cancela la presunción de inocencia.
Precisamente por eso existe el debido proceso. Porque en un Estado de Derecho nadie debería perder derechos políticos por simples referencias, investigaciones preliminares o apreciaciones administrativas a modo.
De lo contrario, ¿quién garantiza que un expediente de inteligencia no pueda utilizarse para desacreditar políticamente a una persona sin que exista una sola resolución judicial en su contra?
Las leyes electorales ya contemplan requisitos para acceder a una candidatura. Existen constancias de no antecedentes penales, procedimientos ante las autoridades competentes y mecanismos jurisdiccionales para impugnar registros cuando exista causa legal. Todo ello forma parte del andamiaje constitucional diseñado para proteger tanto a la sociedad como los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pero hay otras interrogantes que emergen en este contexto. Si hoy un partido incorpora al Gabinete de Seguridad a la revisión de sus propios aspirantes, ¿qué impedirá que mañana esa práctica pretenda extenderse hacia los candidatos de la oposición?
¿Quién vigilará al vigilante?
Porque el mismo gobierno que compite políticamente terminaría revisando a quienes buscan disputarle el poder. Y aunque jurídicamente esa opinión no fuera vinculante, políticamente podría convertirse en un filtro decisivo.
La discusión, por tanto, no consiste en proteger o no a la democracia del crimen organizado. Esa obligación es irrenunciable.
El verdadero debate consiste en impedir que, en nombre de esa lucha, los órganos del Estado comiencen a ocupar espacios que corresponden exclusivamente a las autoridades electorales y a los tribunales.
Las democracias no sólo se deterioran cuando el crimen organizado coopta a la política.
También empiezan a erosionarse cuando el poder político se entromete con el árbitro electoral para decidir quién puede competir contra él mismo. Combatir al crimen organizado fortalece a la democracia. Pero convertir a los órganos de seguridad en actores del proceso electoral termina debilitándola.
El día en que los ciudadanos dejen de preguntarse quién ganó una candidatura y comiencen a preguntarse quién recibió el visto bueno del poder para ser candidato, ese día habremos cruzado una frontera que ninguna democracia debería permitirse.
