Cada vez resulta más difícil pensar que las acusaciones lanzadas por Estados Unidos sean hechos aislados. Primero fueron los señalamientos de las agencias antidrogas; después las sanciones, las investigaciones por huachicol fiscal, los vínculos entre crimen organizado y política, y ahora el propio Departamento del Tesoro vuelve a colocar sobre la mesa una acusación de enorme calado: dinero del crimen organizado utilizado, presuntamente, para financiar campañas electorales en México.
El mensaje es claro. Washington sostiene que el crimen organizado no solo trafica drogas, sino que también compra voluntades, infiltra gobiernos y participa en la construcción del poder político. Los gringos no quitan el dedo de la presión.
Y mientras todo eso sigue creciendo, en silencio se cumple otro plazo que puede resultar decisivo: los dos meses establecidos dentro del procedimiento iniciado por Estados Unidos respecto de los políticos mexicanos reclamados por la justicia norteamericana, entre ellos Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez.
Y eso provoca preguntas: ¿Optará el gobierno mexicano por entregarlos? ¿Buscará procesarlos en territorio nacional? O simplemente dejará transcurrir el tiempo, aun cuando ello abra la puerta a que Estados Unidos endurezca aún más su postura y avance hacia nuevas acciones judiciales conforme a su legislación. ¿Los declarará prófugos de su justicia.? Hay quienes aseguran que Rocha no solo no regresará a la gubernatura, sino que la presión es tan grande que algún juicio se le abrirá, aquí o allá. Eso se dice.
Las propias agencias de seguridad estadounidenses han insistido una y otra vez en que buena parte de las estructuras del Estado mexicano fueron penetradas por el crimen organizado. Esa narrativa no ha disminuido; por el contrario, se fortalece con cada nueva investigación financiera, cada sanción y cada carpeta abierta.
Como si la presión judicial no fuera suficiente, Washington también ha comenzado a endurecer su posición en el terreno económico. La incertidumbre en torno al futuro del tratado comercial envía una señal que impacta directamente la confianza de los inversionistas y las expectativas de las exportaciones mexicanas. El mensaje es claro: la presión sobre México ya no solo se ejerce desde los tribunales y las agencias de seguridad, sino también desde los instrumentos económicos y comerciales.
El Mundial de Futbol parece haberse convertido en una especie de pausa política. Pero una vez concluido, difícilmente desaparecerá la presión. Todo indica que el reloj sigue avanzando y que Washington prepara nuevas decisiones.
Por supuesto, para Estados Unidos el problema dejó hace mucho de ser únicamente el narcotráfico. Hoy el tema prioritario es la presunta captura del poder político por el crimen organizado. Y la cuestión es si esta conclusión de los gabachos se concretará o se quedará en el discurso. El tema ha sido tan escandaloso y adoptado por Trump como su política central a los ojos del mundo, que un reculón lo dejaría en ridículo y al final lo exhibiría a él como el débil, no a la Presidente Claudia Sheinbaum. ¡Zaz!
