En los últimos días se han acumulado hechos que, vistos en conjunto, parecen formar parte de una misma ruta: preparar las condiciones políticas para que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regrese al Tercer Piso, sin importar las consecuencias que ello pudiera tener en la relación con Estados Unidos o en el ánimo de una sociedad sinaloense profundamente agraviada.
El primer detonante fue la información revelada por el periodista Luis Chaparro. Las fotografías del avión en el que fueron trasladados Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López no solo aportaron nuevos elementos al caso; también encendieron las alarmas dentro del régimen. Lo que más irritó al gobierno mexicano no fue únicamente el contenido de la filtración, sino el hecho de que proviniera, presuntamente, de un agente del FBI. A México jamás se le entregó información oficial sobre la extracción de El Mayo ocurrida el 25 de julio de 2024, pero un periodista sí pudo obtenerla.
La molestia creció aún más cuando se supo, por la información de Chaparro, que esa aeronave incluso es exhibida en una feria en Estados Unidos, mientras las autoridades mexicanas seguían diciendo que desconocían aspectos fundamentales del caso, sin importar el ridículo.
Como si la contradicción no fuera suficiente, la propia Fiscalía General de la República terminó confirmando, en los hechos, lo que ayer comentamos en este espacio: tuvo bajo su custodia al piloto de la aeronave y, aun así, decidió entregarlo a las autoridades estadounidenses. Resulta difícil entender cómo se desprendieron de quien, por lógica elemental, era una de las piezas claves para reconstruir exactamente lo que ocurrió aquel día.
Si sabían que era el piloto, ¿por qué lo entregaron? Y si no lo sabían, ¿cómo sostienen ahora que conocen con certeza toda la historia?
Pese a esas inconsistencias, el discurso oficial insiste en su tesis salvadora: Estados Unidos planeó el secuestro de El Mayo, violó la soberanía nacional y, además, involucró deliberadamente a Rubén Rocha como parte de una estrategia política. Bajo esa narrativa, el gobernador con licencia no solo sería inocente, sino una víctima de una conspiración extranjera.
En consecuencia, la FGR concluyó que no existen elementos para proceder penalmente contra Rocha y que las pruebas enviadas por Estados Unidos carecen del sustento suficiente para justificar siquiera una detención preventiva, mucho menos una solicitud de extradición.
Pero, mientras la FGR exonera al gobernador, ocurre algo que resulta aún más llamativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que los expedientes de Rubén Rocha y del senador Enrique Inzunza permanecerán reservados durante cinco años, bajo el argumento de que hacerlos públicos podría afectar la relación bilateral con Estados Unidos.
La contradicción es evidente. Si no existe nada que esconder, ¿por qué sellar los expedientes? Y si el propósito es proteger la relación bilateral, ¿cómo se explica que al mismo tiempo se eleve el tono de confrontación diplomática acusando a Washington de violar la soberanía nacional?
Reservar los expedientes equivale, en los hechos, a cerrar el caso. El mensaje político es claro: que el caso deje de estar en la conversación pública, que las sospechas se alejen y que el desgaste termine por diluirse con el paso del tiempo.
A ese escenario se suma otro elemento. Después de 65 días de silencio, el propio Rubén Rocha reapareció mediante un mensaje en redes sociales para responder al periodista Carlos Loret de Mola. Aseguró que ha permanecido resguardado únicamente en su domicilio, negó haber necesitado protección militar y sostuvo que ha sido víctima de una “atroz embestida mediática” impulsada por la ultraderecha con el propósito de vulnerar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de transformación.
No es un mensaje improvisado. Es exactamente la misma narrativa que, desde hace dos meses, ha construido la presidenta Claudia Sheinbaum alrededor de este caso y que hoy repiten dirigentes, legisladores y aspirantes de Morena en recorridos casa por casa y colonia por colonia.
Queda claro que la defensa de Rubén Rocha dejó de ser la defensa de un gobernador para convertirse en la defensa del propio régimen.
Aceptar las acusaciones provenientes de Estados Unidos implicaría admitir que el narcotráfico pudo influir no solo en la construcción del poder político en Sinaloa, sino del país. Y aceptar eso significaría también abrir una puerta que la Cuarta Transformación no está dispuesta a cruzar. De ahí que la prioridad ya no sea esclarecer los hechos, sino blindar a Rocha.
Por eso las piezas del rompecabezas empiezan a encajar: la exoneración de la FGR, la reserva de los expedientes, la reaparición pública de Rocha y la narrativa nacionalista que convierte cualquier cuestionamiento en un supuesto ataque extranjero contra la soberanía mexicana.
Solo faltaría el movimiento final.
Que Rubén Rocha regrese a su oficina de palacio completamente absuelto, políticamente rehabilitado y presentado como víctima de una trama perversa y una conspiración internacional.
Sería el acto perfecto para cerrar el libreto.
En la lógica de la Cuarta Transformación existe una curiosa alquimia política: los adversarios son culpables antes de ser juzgados, pero los correligionarios son inocentes antes de ser investigados.
La única pregunta que queda en el aire es si el régimen se atreverá a dar el último paso.
Porque reinstalar a Rocha ya no sería solamente devolver a un gobernador a su cargo. Sería desafiar abiertamente a Washington y seguir ignorando el sentir de los sinaloenses.
