En medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa, hay ciudadanos que no solamente terminan afectados por hechos delictivos, enfrentamientos o situaciones ajenas a ellos. También terminan atrapados en la indiferencia y la burocracia de la propia Fiscalía General del Estado al momento de intentar recuperar sus vehículos y su patrimonio.
Muchas personas quedan en medio de operativos, persecuciones, bloqueos o hechos violentos donde sus unidades son aseguradas para investigación. Sin embargo, el verdadero problema comienza después, cuando intentan recuperarlas y se topan con un sistema lento, burocrático y completamente desgastante.
La molestia ciudadana crece porque, aun cuando existen casos donde los propietarios acreditan plenamente la legalidad de sus vehículos y queda claro que no participaron en ningún delito, los trámites pueden durar semanas o meses. Mientras tanto, las familias afectadas siguen pagando las consecuencias económicas y emocionales.
Ciudadanos denuncian que la Fiscalía parece más enfocada en el papeleo que en resolverle a la gente. Ministerios públicos saturados, requisitos que cambian constantemente, documentos repetidos, falta de información clara y una evidente lentitud administrativa forman parte del viacrucis que enfrentan quienes solamente quieren recuperar lo que es suyo.
Para muchas personas, el vehículo representa su herramienta de trabajo, el sustento familiar o el único patrimonio que lograron construir durante años. Aun así, sienten que la autoridad los trata como si fueran parte del problema y no víctimas de una situación que ellos nunca provocaron.
El reclamo social es fuerte porque mientras Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad cada vez más compleja, la Fiscalía continúa arrastrando señalamientos por omisión, burocracia y falta de sensibilidad. La ciudadanía cuestiona cómo es posible que quienes ya fueron afectados por la violencia todavía tengan que sufrir meses enteros para recuperar un vehículo que legalmente les pertenece.
Hoy el problema no solamente es la inseguridad que golpea las calles, sino también la incapacidad institucional para responder con eficiencia y sentido humano. Porque en Sinaloa, para muchos ciudadanos, sobrevivir a la violencia no basta: después todavía tienen que sobrevivir a la burocracia de la Fiscalía.
