Hay cosas que ayudan a entender las prioridades de un gobierno.
Mientras miles de sinaloenses batallan para completar la despensa, mientras otros hacen maromas para pagar el recibo de la luz, mientras comerciantes siguen viendo cómo se desploman las ventas y mientras la violencia continúa marcando la agenda diaria del estado, en Palacio de Gobierno parece existir una preocupación mucho más urgente.
Pensionar con casi 70 mil pesos mensuales a un exmando policial señalado por autoridades de Estados Unidos.
Así como se lee.
Para la señora que vende tamales y no sabe si mañana alcanzará para surtir de nuevo. Para el pequeño empresario que está recortando gastos porque las ventas no levantan. Para el padre de familia que ya hizo cuentas diez veces y ninguna le alcanza. Para ellos no hay soluciones mágicas.
Pero para una pensión de lujo, sí hubo tiempo.
La gobernadora interina nos dice que trabaja por Sinaloa. Sin embargo, uno voltea a ver las prioridades del gobierno y pareciera que están gobernando otro estado. Uno donde no existe la crisis económica, donde no existe la incertidumbre, donde no existen los negocios cerrando ni las familias endeudadas.
Porque mientras la gente pide seguridad, empleo y oportunidades, desde el poder impulsan beneficios para personajes que arrastran señalamientos gravísimos.
Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más ofensiva.
No estamos hablando de un maestro que entregó su vida en las aulas.
No estamos hablando de un médico que pasó décadas atendiendo pacientes.
No estamos hablando de un bombero que arriesgó la vida por los demás.
Estamos hablando de un personaje cuyo nombre aparece ligado a acusaciones e investigaciones que han puesto a Sinaloa bajo la lupa internacional.
Pero aun así se pretende garantizarle una pensión que para miles de familias sinaloenses representa varios meses de trabajo.
La pregunta es inevitable.
¿En qué momento se desconectaron tanto de la realidad?
Porque afuera de las oficinas gubernamentales hay un estado que duele.
Hay madres buscando cómo alimentar a sus hijos.
Hay jóvenes que no encuentran empleo.
Hay comerciantes rezando para que no llegue otro mes malo.
Hay ciudadanos que viven con miedo.
Hay colonias donde la principal preocupación no es una pensión de lujo sino sobrevivir al día siguiente.
Y mientras eso pasa, el discurso oficial insiste en que todo está bajo control, que las estrategias funcionan y que la percepción es distinta a la realidad. Como si la gente viviera en otro planeta, como si el bolsillo no hablara, como si el miedo no se sintiera, como si la calle no contara la verdad todos los días.
Pero desde arriba parece que las prioridades son otras.
Y luego se preguntan por qué existe enojo.
Se preguntan por qué la gente desconfía.
Se preguntan por qué cada vez menos ciudadanos creen los discursos oficiales.
La respuesta está en decisiones como esta.
Porque cuando un gobierno encuentra recursos, voluntad y rapidez para beneficiar a personajes cuestionados, pero no muestra la misma urgencia para resolver los problemas de la gente, termina enviando un mensaje muy claro.
Y ese mensaje es que hay sinaloenses de primera y sinaloenses de segunda.
Los de primera cobran.
Los de segunda pagan la cuenta.
Y lo más delicado no es solo el monto o el nombre involucrado. Lo más delicado es el mensaje político que se manda en un estado donde la confianza en las instituciones ya está desgastada, donde la inseguridad condiciona la vida diaria y donde la economía familiar ya no resiste más golpes.
Porque al final del día, la gente no mide al gobierno por lo que dice en conferencias.
Lo mide por lo que decide.
Por lo que aprueba.
Por lo que ignora.
Y por lo que protege.
Todo esto según yo, de Goyo 310.
