Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baja California desató polémica luego de que tres magistrados revocaran la sentencia de 94 años de prisión impuesta a Aarón Gustavo Pizarro Granillo, quien había sido declarado culpable del asesinato de dos personas ocurrido en 2020 en la ciudad de Tijuana. La decisión dejó sin efectos la condena y ordenó su libertad inmediata al considerar que actuó en legítima defensa.
Los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2020, cuando Víctor Lagunas Cabrera acudió junto con su empleado, Miguel Villegas, a un inmueble ubicado en la colonia Matamoros con la intención de recuperar una propiedad que, presuntamente, era ocupada de manera irregular por Pizarro. Durante el encuentro se registró un enfrentamiento en el que ambos hombres perdieron la vida por disparos de arma de fuego.
Tras las investigaciones, Aarón Gustavo Pizarro fue detenido, procesado y, en septiembre de 2025, recibió una condena de 94 años de prisión por el delito de doble homicidio. No obstante, al analizar el recurso de apelación, los magistrados Odette Tapia Palma, María Elizabeth Castro Rodríguez y Gustavo Medina Contreras determinaron que existían elementos suficientes para acreditar la legítima defensa, por lo que anularon la sentencia condenatoria y ordenaron su inmediata liberación del Centro de Reinserción Social de El Hongo.
La resolución generó inconformidad entre los familiares de las víctimas, quienes cuestionaron la decisión judicial y advirtieron que buscarán agotar las instancias legales disponibles para que el caso vuelva a ser revisado. Consideran que la determinación representa un duro golpe para el acceso a la justicia y deja múltiples interrogantes sobre la valoración de las pruebas.
El caso también abrió nuevamente el debate sobre los criterios utilizados por los tribunales de apelación para revocar sentencias condenatorias y sobre la necesidad de que este tipo de resoluciones sean ampliamente fundamentadas y explicadas a la sociedad, debido al impacto que tienen en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
Hasta el momento no se ha informado si la Fiscalía de Baja California promoverá algún recurso extraordinario para combatir la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia, mientras el caso continúa generando reacciones tanto en el ámbito jurídico como entre la opinión pública.
