- A dos años del inicio de la crisis de violencia, continúan los homicidios, desapariciones, desplazamientos, cierres de negocios y afectaciones a escuelas.
- Ciudadanos y abogados sinaloenses solicitaron nuevamente al Senado la desaparición de poderes en la entidad, al considerar que persiste el control político de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.
Boletín/GPPRI/No.160/LXVI/26
Senado de la República, 02 de septiembre de 2026.
La senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, exigió atender la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, presentada desde hace tres meses por ciudadanos de la entidad, ante la crisis de violencia que, afirmó, mantiene al estado sumido en homicidios, desapariciones, desplazamientos, cierre de negocios y pérdida de empleos. Señaló que, pese al reclamo social, “nada ha cambiado, en Sinaloa todo está peor”.
La legisladora sostuvo que Rubén Rocha Moya continúa protegido por Morena, controlando el gobierno estatal, el Congreso de Sinaloa y el poder judicial del estado junto a Enrique Inzunza. Afirmó que ninguna licencia, renuncia o abandono de bancada resuelve el problema y cuestionó que el exsecretario de Gobierno mantenga el fuero constitucional. “En Sinaloa mandan los criminales y en Morena manda Rocha”, acusó, al señalar que las autoridades deben priorizar a las víctimas y no la protección de funcionarios.
Sánchez Ramos advirtió que la crisis afecta de manera directa a las familias sinaloenses. Existen negocios cerrados, familias que abandonan el estado por falta de empleo, colegios bajo amenaza y padres que retiran a sus hijos de las escuelas por temor a que los asesinen. “Cada día que pasa, Sinaloa sigue sumido en la violencia y la catástrofe económica”, afirmó, y pidió escuchar a las organizaciones civiles que, dijo, representan el verdadero sentir de la población.
Por su parte, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, exigió al Senado actuar ante los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa. Señaló, además, que la solicitud de desaparición de poderes busca “limpiar totalmente el Estado” y recuperar la paz y la libertad de los sinaloenses.
Recordó que 55 organizaciones de la sociedad civil participaron en una movilización para exigir que ningún personaje ligado al anterior gobierno permaneciera al frente del estado y cuestionó la permanencia de funcionarios vinculados con la administración de Rocha Moya.
Finalmente, Beltrán Verduzco informó que el próximo 13 de septiembre realizarán una nueva marcha para expresar el hartazgo ciudadano, con motivo del segundo aniversario de la Narcoguerra que vive Sinaloa. Desde el Senado, Paloma Sánchez respaldó estas voces y llamó a las autoridades federales a atender la situación de la entidad, al advertir que “esta es la realidad que importa; esto es de lo que sí tenemos que estar hablando”.
