Esto apenas empieza. Y quizá para entender lo que viene haya que regresar al 4 de enero de 2023.
Ese día, Andrés Manuel López Obrador explicó en una mañanera algo que pocos gobernantes reconocen con claridad o expresan con cinismo: que ayudar a los pobres era también una estrategia política, porque significaba “ir a la segura” para contar con su respaldo. Remató: “No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.
Los programas sociales son, por supuesto, un instrumento legítimo para combatir pobreza, desigualdad y abandono. La discusión no es si deben existir: deben existir. El cuestionamiento es otro: ¿qué pasa cuando la política social termina siendo también la principal estructura de legitimación electoral de un régimen? Si esa es la estrategia, la apuesta es enorme: uno de cada 4 mexicanos (33 millones) recibe recursos públicos directamente y 82% de los hogares tiene algún integrante beneficiario.
Es una red social formidable, pero una red social no necesariamente equivale a lealtad política eterna. Y ahí empieza el problema.
Han pasado casi ocho años y México ya no es el mismo. Las transferencias aumentan, pero también las necesidades, los precios y el deterioro acumulado: el adulto mayor recibe su pensión pero compra medicamentos; la familia recibe un apoyo pero paga alimentos más caros; el trabajador mejora nominalmente su salario, pero enfrenta vivienda, transporte y servicios costosos. Mientras se distribuyen miles de millones, buena parte del aparato productivo reclama apoyos insuficientes. Agricultura, pesca y ganadería atraviesan dificultades que frenan inversión y producción en regiones enteras. Repartir sin estimular suficientemente a quienes producen puede convertirse, tarde o temprano, en otra contradicción del modelo.
A eso se suman servicios públicos deficientes, infraestructura deteriorada y, según el lugar, ejecusiones, extorsiones, desapariciones, asaltos o violencia generalizada.
De ahí una fórmula matemática y políticamente peligrosa: ¿cuánto dinero público hace falta para compensar una realidad que cada día se vuelve más difícil? Una transferencia ayuda para una despensa, pero no compra tranquilidad. Y mucho menos seguridad.
Ahí está probablemente la mayor amenaza para el régimen: la inseguridad. El gobierno presenta estadísticas de reducciones, decomisos y detenciones. Pero existe otra estadística imposible de administrar desde la mañanera: la percepción de la gente, el comerciante que teme una extorsión, la madre que espera a su hijo por la noche, el transportista que atraviesa carreteras inseguras, familias que observan masacres, desapariciones y ejecuciones. Podrá manipularse la estadística delictiva, pero si no baja el miedo y el problema se vuelve parte de la vida ordinaria, la credibilidad se erosiona.
Y cuando se pierde credibilidad, los éxitos empiezan a ponerse en duda.
Ante el incremento de episodios violentos de alto impacto, también crece la sospecha de complicidades cada vez más claras entre estructuras políticas y organizaciones criminales.
Aquí aparece otra pieza: contener el desgaste de su eje rector: los programas sociales. Por eso se apoderaron de instituciones centrales: Congreso, Poder Judicial, INE, Tribunal Electoral, órganos de transparencia y telecomunicaciones, y ahora, además, la regulación de audiencias para censurar a medios críticos. Vistas por separado, tienen explicación oficial. Vistas juntas, producen un contexto distinto: concentración absoluta del poder.
Queda claro que este andamiaje no se construyó solo para gobernar con alta popularidad, sino para conservar el poder cuando esa popularidad disminuyera. Gobernar con aprobación alta es relativamente sencillo; el verdadero rostro de un régimen aparece cuando comienza a perder respaldo.
¿Y la oposición? Mientras la 4T construía poder organizando estructuras y defendiendo una narrativa, buena parte de la oposición administraba su supervivencia: peleaba por cuotas y posiciones. Y aquí está la paradoja: el deterioro del gobierno no garantiza el crecimiento de la oposición. El ciudadano puede cansarse de Morena sin enamorarse del PRI; puede decepcionarse de la 4T sin confiar en el PAN; puede rechazar al régimen y quedarse en casa a la hora de votar. Los gobiernos no necesariamente pierden solo porque gobiernen mal: necesitan enfrente una oposición fuerte capaz de convencer.
México se acerca a una etapa política distinta. La primera 4T construyó una base social con programas públicos. En su segunda etapa tendrá que demostrar si esa base permanece cuando el dinero compita contra inflación, deterioro de servicios, estancamiento productivo, inseguridad, miedo y desencanto.
Y llega a esa prueba con algo que no tenía en 2018: mucho más poder institucional. La pregunta es si conservará el poder en 2027 a base de votos legítimos o imponiéndose con el control institucional.
Por eso ya no es solo si Morena puede seguir ganando elecciones. La pregunta nodal es a qué estará dispuesto el régimen para no perderlas. Mientras el gobierno se preparó durante años para enfrentar el desgaste, sus adversarios ni siquiera se prepararon para aprovecharlo; incluso se acomodaron para que el desgaste trabajara por ellos.
Así que la pregunta de fondo, en esta coyuntura electoral, tiene respuesta en la historia: los regímenes que concentran tanto poder rara vez lo entregan simplemente porque un día amanecieron impopulares.
Ante todo esto, termino con dos preguntas:
Si el régimen se preparó para endurecerse cuando empezara a perder respaldo, ¿están preparados los ciudadanos para defender sus libertades? Y sobre todo: ¿está preparada la oposición para defender una democracia que durante demasiado tiempo creyó que se defendería sola?
Es cuanto.
