La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que llevará a cabo una revisión nacional de todos los planteles que operan bajo la denominación de colegios o academias militarizadas, luego del caso de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en una academia de Ciudad Madero, Tamaulipas. La decisión fue dada a conocer por el titular de la dependencia, Mario Delgado, quien sostuvo que este tipo de modelo educativo no está permitido por la legislación mexicana.
Durante su posicionamiento, el secretario de Educación fue enfático al señalar que ninguna institución de educación básica puede ofrecer enseñanza bajo modalidades “militarizadas”, “militares” o “castrenses”, ya que no existe un marco legal que las autorice. Explicó que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por lo que únicamente puede ser impartida por la Secretaría de la Defensa Nacional y no por escuelas particulares o instituciones de educación básica.
Mario Delgado informó que la SEP ya emitió un comunicado dirigido a todas las autoridades educativas de las entidades federativas para que revisen la situación de los planteles que operan con este tipo de esquemas y verifiquen si cumplen con la normatividad vigente. La intención, explicó, es evitar que continúen funcionando instituciones que promuevan prácticas incompatibles con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El funcionario condenó cualquier forma de violencia, maltrato o abuso que pretenda justificarse bajo el argumento de una supuesta disciplina militar. Afirmó que ninguna práctica que vulnere la integridad física o emocional de los menores puede considerarse un método educativo y subrayó que el interés superior de la niñez debe prevalecer en cualquier institución escolar.
Las medidas anunciadas por la SEP se producen después de la muerte de Dafne Zapata, ocurrida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas. El caso provocó una fuerte reacción pública debido a las denuncias de la familia sobre presuntos actos de violencia cometidos contra la menor y a los señalamientos de exalumnos que han acusado prácticas de castigos físicos y abusos dentro de ese tipo de instituciones. La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
La SEP reiteró que continuará colaborando con las autoridades estatales para supervisar el funcionamiento de estos planteles y aseguró que no permitirá que se normalicen esquemas educativos que contravengan la legislación vigente o pongan en riesgo la integridad de los estudiantes.
Con información de Latinus.
