La historia del secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada acaba de entrar en una nueva etapa. No porque hayan aparecido hechos nuevos, sino porque el gobierno mexicano decidió contarlos ahora.
Todo comenzó con la publicación del periodista Luis Chaparro, quien difundió información atribuida a una filtración de un agente del FBI. A partir de ese momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum elevó el tono, acusó a las autoridades estadounidenses de violar la soberanía nacional y exigió que Washington entregue toda la información sobre la operación.
Hasta ahí, la exigencia parece lógica.
Lo que deja de ser lógico es lo que la propia Fiscalía General de la República terminó reconociendo.
La FGR informó que el piloto de la aeronave fue plenamente identificado, que existen los audios de sus comunicaciones con la torre de control, que la aeronave utilizó una matrícula clonada, que despegó de una pista irregular en Sinaloa y, sobre todo, que ese piloto regresó a México, fue detenido por portación de armas y posteriormente entregado a las autoridades de Estados Unidos.
Y es precisamente ahí donde surgen las preguntas de fondo.
Si México tuvo bajo su custodia al piloto, ¿ya sabía que era el hombre que condujo el avión en el que fue trasladado “El Mayo”?
Si la respuesta es sí, ¿por qué entonces fue entregado antes de agotarse una investigación que podía esclarecer uno de los episodios más delicados de la historia reciente del país?
Y si la respuesta es no, ¿cómo fue posible que las autoridades no identificaran en ese momento a quien hoy presentan como una pieza central del caso?
Queda claro que el piloto no era un personaje secundario, sino el que podía explicar quién lo contrató, quién organizó el vuelo, quién dio las instrucciones, quién coordinó la operación, qué ocurrió durante el trayecto, quién los recibió y qué personas participaron realmente en ella.
¿Qué declaró antes de ser entregado? ¿Fue interrogado sobre el secuestro de “El Mayo”?
¿Quién autorizó su entrega a los Estados Unidos?
¿Por qué esas respuestas no fueron presentadas a la sociedad cuando el piloto aún estaba en manos de las autoridades nacionales?
Resulta importante advertir otra coincidencia.
El endurecimiento del discurso contra Washington aparece justo después de una filtración periodística y en medio de una circunstancia especialmente difícil en la relación bilateral.
También coincide con una postura más enérgica del gobierno de Sheinbaum por la muerte de un migrante mexicano a manos de agentes estadounidenses, un caso que merece ser investigado y esclarecido. Sin embargo, esa firmeza diplomática contrasta con el silencio institucional que con frecuencia acompaña los asesinatos cotidianos de mexicanos dentro del propio territorio nacional.
Todo ello obliga a plantear otra pregunta.
¿Estamos ante una búsqueda genuina de la verdad o ante un cambio en la estrategia política frente a Estados Unidos?
Porque si el gobierno mexicano ya había tenido en sus manos a uno de los protagonistas centrales de esta historia, resulta difícil entender por qué hoy sigue reclamando información que pudo haber comenzado a obtener desde entonces.
La soberanía de un país no se defiende únicamente con discursos. También se defiende investigando con oportunidad, agotando todas las líneas posibles y actuando con absoluta congruencia.
Hoy el caso del piloto nos ofrece elementos para la reflexión. Y es que los hechos ocurrieron hace tiempo, pero lo único que ha cambiado es el momento político para hacerlos públicos.
Deveras ¿las revelaciones de hoy, que no se hicieron públicas en su momento, tienen el propósito de llegar a la verdad y aplicar la justicia, o tienen que ver, en la coyuntura, con un cambio de estrategia? ¿Un cambio para seguir en el plan de proteger y no de resolver? Ya veremos.
