Si un obrero, un empleado de comercio, un maestro o cualquier trabajador mexicano deja de presentarse a su centro de trabajo durante varios días sin justificación, la consecuencia suele ser inmediata: sanción, despido o sustitución. Con los poderosos ocurre exactamente lo contrario.
El senador Enrique Inzunza está por cumplir dos meses prácticamente desaparecido de la actividad legislativa presencial. Los mexicanos no saben dónde se encuentra, desconocen cuál es la causa legal de su ausencia y tampoco existe una explicación pública que justifique por qué no desempeña el cargo para el que fue electo.
Su única reaparición ocurrió de manera virtual, conectado a una sesión de comisión. Como si una videollamada bastara para sustituir la responsabilidad permanente que implica representar a millones de ciudadanos.
Mientras tanto, el salario sigue llegando puntualmente.
Alrededor de 165 mil pesos mensuales entre dieta, apoyos y prestaciones. En dos meses, cerca de 330 mil pesos pagados con dinero de los mexicanos.
Pero el verdadero problema no son únicamente los recursos públicos. Lo verdaderamente grave es el mensaje.
En México parece existir una ley para los ciudadanos y otra para la clase política.
La Constitución y la legislación del Congreso contemplan mecanismos cuando un legislador deja de cumplir con sus funciones durante un tiempo mínimo de diez días sin justificación, o sin solicitar el procedimiento correspondiente. Incluso durante el periodo de receso, sobre todo si pertenece a la Comisión Permanente o es integrante de alguna Comisión en particular.
Cuando esto ocurre también se prevé la posibilidad de llamar al suplente. Sin embargo, nada de eso parece aplicarse cuando se trata de un hombre clave para el régimen, al grado de proteger hasta su ubicación.
Entonces vale preguntar: ¿Qué privilegios protegen a Enrique Inzunza?
Más aún cuando el propio senador enfrenta señalamientos públicos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusaciones que él ha rechazado categóricamente calificándolas de falsas y sin sustento.
Precisamente por tratarse de un asunto de esa magnitud, la transparencia debería ser absoluta.
Que explique dónde está. Que explique por qué no asiste. Que explique cuál es el fundamento jurídico que justifica su ausencia. Porque el Senado no puede convertirse en refugio de chapuceros y privilegiados, mientras al resto de los mexicanos se les exige cumplir puntualmente con sus obligaciones.
Por supuesto que la justicia pierde autoridad cuando comienza a hacer excepciones, sobre todo cuando quienes la administran fueron impuestos por quienes detentan el verdadero poder; deja de ser eso, justicia, para convertirse simplemente en un ente dedicado a la protección política.
