La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que existe un trato desigual por parte del gobierno federal en los casos relacionados con autoridades estatales señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado, al afirmar que mientras a algunos actores políticos se les exige rendición de cuentas, a otros —como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— se les estaría protegiendo bajo el argumento de la soberanía.
Campos criticó que el concepto de soberanía se utilice como una justificación política para evitar investigaciones o acciones más firmes en contra de funcionarios cuestionados, señalando que dicho principio no debe servir como escudo para encubrir conductas ilegales.
En su posicionamiento, la mandataria estatal defendió que la soberanía nacional debe entenderse como la capacidad del Estado mexicano para tomar decisiones propias, pero sin que ello implique impunidad o falta de investigación cuando existen señalamientos graves.
Estas declaraciones se dan en medio del creciente intercambio de señalamientos entre actores de la oposición y el gobierno federal, particularmente en torno a casos de seguridad y presuntos vínculos de autoridades con el crimen organizado, lo que ha intensificado la confrontación política entre gobiernos estatales y la federación.
Fuente de la información: López-Dóriga Digital.
