Presentan CORE33 y ADECEM ante Congreso iniciativa “Ley de Procedimiento Administrativo”

El Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33) y la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) presentaron este jueves ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sinaloa, y posteriormente ofrecieron conferencia de prensa en compañía del diputado Ambrocio Chávez Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado, quien hizo el compromiso de darle seguimiento durante todo el proceso legislativo hasta su aprobación.
Durante la conferencia de prensa, el diputado Ambrocio Chávez explicó que el objetivo de la iniciativa es regular los actos administrativos que emitan las autoridades estatales y municipales o conforme a sus atribuciones y competencias.
Se propone, añadió, garantizar certeza jurídica para la ciudadanía, para los actos administrativos que celebra con la autoridad municipal y estatal.
En relación a esta iniciativa, recordó que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum expuso la necesidad de una ley general nacional para hacer los trámites administrativos más eficientes, más efectivos, con innovación tecnológica, con la idea de que la ciudadanía cuando plantee iniciativas, solicitudes, reclamos, lo que sea, haya mecanismos de atención más rápidos, más efectivos.
Aclaró que la iniciativa del CORE33 y ADECEM no implica que se tenga que invertir recursos en su aplicación, sino que por el contrario al aprobarse ahorrará recursos tanto a las autoridades como a ciudadanos y sectores productivos.
Por su parte, el presidente de ADECEM, Julio César Silvas expuso que Sinaloa carece de una legislación general que establezca un piso común sobre cómo deben desarrollarse los procedimientos administrativos y bajo qué requisitos deben emitirse, notificarse, ejecutarse y revisarse los actos de autoridad.
La propuesta, dijo, parte de una premisa: no basta con que una autoridad tenga facultades legales para actuar; también es necesario establecer reglas claras sobre cómo debe ejercerlas.
La propuesta establece requisitos generales para la validez de los actos administrativos y regula aspectos esenciales de la relación entre autoridades y particulares.
Entre otros elementos, contempla que los actos sean emitidos por autoridad competente y estén debidamente fundados y motivados; establece plazos para responder peticiones; impide rechazar arbitrariamente escritos en las unidades de recepción; obliga a prevenir al ciudadano cuando existan deficiencias subsanables en una solicitud; regula notificaciones, pruebas y medios de defensa; establece reglas para visitas de verificación e inspección y contempla garantías procedimentales antes de imponer determinadas sanciones.
También incorpora mecanismos de autocontrol para que la propia administración pueda revisar la legalidad de sus actuaciones y, cuando corresponda, corregir actos administrativos sin que necesariamente el ciudadano tenga que acudir a un tribunal.
Julio César Silvas aclaró que la iniciativa no pretende eliminar ni debilitar las facultades de las autoridades. Busca establecer reglas generales sobre la forma en que esas facultades deben ejercerse. Esto beneficia al ciudadano, pero también fortalece a la autoridad que actúa correctamente, porque contribuye a que sus decisiones tengan mayor solidez jurídica.